jueves, 15 de octubre de 2009

El patrimonio de los ministros

Cumpliendo con lo exigido por la ley 5/2006, de 10 de abril, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el día 15 de octubre la Resolución de 13 de octubre de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la que se hace pública la declaración de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La declaración se ha publicado el último día del plazo estipulado reglamentariamente para hacerlo, ya que finalizaba el mismo día 15 de octubre, y adolece de graves defectos que impiden hacerse una idea del patrimonio de los ministros y altos cargos de la Administración General del Estado. El principal de esos defectos es que los inmuebles se valoran por su valor catastral que, como es sabido, es un valor fiscal que sirve para el cálculo de determinados impuestos, principalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pero que es un valor muy inferior al valor de mercado. Normalmente el valor de mercado o precio de venta de un inmueble urbano suelo ser seis o siete veces superior al valor catastral. Basta echar un vistazo al valor catastral que viene en cualquier recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para comprobar que éste es muy inferior al valor real de dicho inmueble. Otro de los defectos de la declaración es que la normativa, amparándose en razones de seguridad y privacidad, permite que se haga una mera estimación del valor de los bienes y de las deudas, pero sin enumerarlos, clasificarlos, ni especificar la situación en el caso de los inmuebles. De esta forma queda saboteada la finalidad de la norma que no es otra que clarificar y despejar cualquier duda sobre el origen y cuantía del patrimonio de los ministros y altos cargos de la Administración y el resultado es más oscurecedor que clarificador.
De los ministros del gobierno, Rubalcaba, Sebastián y Garmendia, son los que mayor patrimonio acumulan. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, declara casi 5 millones de euros, siendo la que mayor patrimonio tiene de todo el Gobierno. Del patrimonio declarado por la ministra, 1,4 millones de euros lo son en inmuebles, si bien estos se han valorado por su valor catastral, y el resto de 3,5 millones de euros en otros bienes. Si tenemos en cuenta que el valor real o de mercado de un inmueble suele ser 6 o 7 veces superior a su valor catastral, posiblemente el patrimonio inmobiliario de la ministra del gobierno socialista supere realmente los 8 millones de euros, 1.330 millones de las antiguas pesetas. A esta cantidad habría que sumar los 3,5 millones de euros en otras propiedades también declaradas, lo que hace un activo patrimonial total de 11,5 millones de euros, 1.913 millones de las antiguas pesetas. Como contrapartida, en el pasivo la ministra declara que entre créditos, préstamos y deudas acumula un total de 581.347 euros. No obstante, no parece que la ministra socialista vaya a tener problemas para llegar a final de mes.
Después de la ministra de ciencia y tecnología, le siguen en el ranking millonario del gobierno el ministro de Industria Miguel Sebastián con 1,7 millones de euros y el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba con un patrimonio declarado de 1,2 millones de euros. Ninguno de los dos tiene deudas. Respecto al patrimonio de ambos ministros se abre una incógnita. Frente a bienes inmuebles valorados catastralmente en 316.000 euros y 109.000 euros, respectivamente, declaran otros bienes, no especificados, valorados en 1,3 millones de euros en el caso del ministro de Industria y de 1,11 millones de euros, en el del ministro del Interior. La parquedad de la normativa que regula esta declaración patrimonial impide que conozcamos de que tipo de bienes se trata.
En el polo opuesto, entre los ministros más “pobres” del gobierno socialista está Manuel Chaves, vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, que con un patrimonio declarado de 68.964 euros, de los que 46.502 son inmuebles y 22.461 otros bienes, ocupa el penúltimo lugar entre los miembros del Gobierno. Sorprende el escaso patrimonio de Manuel Chaves si tenemos en cuenta su larga carrera política como ministro en diversos gobiernos socialistas y presidente de la Comunidad Autónoma andaluza desde 1990 hasta el presente año 2009, donde tenía un sueldo anual que superaba los 80.000 euros.
No menos curioso es el caso de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que es la que cuenta con un menor patrimonio entre todos los ministros del gobierno de Zapatero. En el activo la ministra declara 21.415 euros en inmuebles, según valor catastral, y 17.503 euros en otros bienes, lo que suma un total de 38.918 euros, pero en el pasivo declara créditos, préstamos y deudas por un total de 109.722 euros, por lo que la ministra de Igualdad tendría un gravísimo problema de desigualdad en sus cuentas, ya que debe más de lo que tiene y debería declararse sin más demora en suspensión de pagos. Esta ridícula situación viene dada por que, como se ha dicho antes, los inmuebles se han declarado por su valor catastral, muy inferior al real, y sin embargo las deudas se declaran por su total importe. Corregido este desajuste en la valoración, es seguro que las cuentas de la ministra están más equilibradas de lo que se deduce de esta declaración patrimonial.
En definitiva, la intención de hacer público el patrimonio de los ministros y altos cargos es buena, pero por culpa de la deficiente forma en que se ha hecho, con valores que no son reales y bienes que no se especifican aunque sea someramente, el resultado ha sido más bien decepcionante, con lo que se corre el riesgo de provocar el efecto contrario al deseado arrojando sospechas sobre el origen y cuantía real del patrimonio de algunos de los cargos públicos.